Aprobado y hecho ley el Real ID Act 2005
El pasado 10 de mayo 2005 por voto unánime en el Senado estadounidense fue aprobado uno de los proyectos anti-inmigrantes más fuertes dentro de la legislación en materia migratoria: el Real ID Act 2005. «Es el asalto más chocante a los derechos de los inmigrantes en cerca de una década», expresa en un comunicado Margie McHugh, Directora Ejecutiva de la New York Immigration Coalition.
Fue acordado una semana después de que se pasara un «bill» idéntico en la Cámara de Representantes, pero no como una legislación sola, sino como parte o «coletilla» de un proyecto de ley de apropiaciones para suplir recursos económicos a operaciones militares estadounidenses en Afganistán e Irak y para proveer ayuda a la gente afectada por los tsunamis en el sureste de Asia, con un total de $82 mil millones en ayudas.
«La New York Immigration Coalition se siente violentada por el hecho de que el Congreso usara un proyecto de ley de emergencia presupuestaria que proveerá fondos a nuestras tropas y a las víctimas del tsunami para meter forzosamente medidas inmigratorias controversiales y de largo alcance sin ningún debate significativo», expresa esta entidad. Un sentimiento compartido por más de 650 asociaciones y grupos religiosos, étnicos, pro privacidad, pro inmigrantes, conservadores, así como representantes de gobiernos estatales y locales, entre otros, según lo indica la American Immigration Layers Association (AILA), que se han pronunciado en contra de este cuerpo legislativo ya firmado por el Presidente George W. Bush para volverse ley activa.
El Real ID Act establece, entre otras cosas, un estándar federal en cuanto a la información que debe contener una licencia de conducir si el estado que la emite la quiere usar como forma de identificación para abordar aviones, entrar a edificios federales y comprar armas, por ejemplo. El estado que no esté de acuerdo puede no adoptar esas medidas, pero las licencias de conducir que emita no serán válidas como identificación bajo los nuevos estándares federales. Esta parte de la ley entrará en vigencia en mayo de 2008.
Esta ley exige que para que pueda ser emitida una licencia la persona debe tener un estatus legal en el país (esto aplicaría a todo el país, al tratarse de una legislación federal). También endurece el procedimiento de obtención de asilo al exigir pruebas más fehacientes y corroborativas, por parte del perseguido, sobre el intento central del perseguidor, facilita la deportación por sospechas de lazos con organizaciones terroristas (se aplicaría retroactivamente) y amplía las razones de no admisión en Estados Unidos por lazos con organizaciones sospechosas de ser terroristas o que les provean fondos, dificulta las revisiones judiciales de recursos de hábeas corpus, crea un sistema de fianzas de mínimo $10.000 para atrapar inmigrantes en procesos de deportación y revela toda la información de indocumentados a quienes deseen perseguirlos. También da absoluta discreción y poder al Secretario de Seguridad Interna para sobrepasar cualquier ley federal, estatal o local en su propósito de construir barreras y rejas para proteger las fronteras terrestres de Estados Unidos. También elimina la capacidad de un juez federal de dejar que una persona bajo procedimientos de remoción permanezca en Estados Unidos mientras se encuentra en proceso de apelación.
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