Amenazante regla de carga pública
El bloqueo impuesto a la implementación de la regla de carga pública propuesta por el gobierno de Trump fue recientemente levantado con un voto de 5 a 4 en la Corte Suprema de Estados Unidos, dando luz verde a su aplicación, ante una reacción inmediata y acalorada por parte de líderes de organizaciones pro-inmigrantes, quienes la encuentran cruel e injusta y una medida intimidatoria que causará muchos estragos en la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos.
«El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) implementará la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública (en adelante «regla final»), el 24 de febrero de 2020, excepto en el estado de Illinois, donde al 30 de enero de 2020, la implementación de la regla permanece prohibida por un tribunal federal. Bajo la regla final, USCIS evaluará los factores requeridos en la ley por el Congreso, como, por ejemplo, la edad, salud, ingreso, educación y habilidades del extranjero, entre otros, para determinar si es probable que dicho extranjero se convierta en una carga pública en algún momento», declaró la agencia federal en un comunicado el 30 de enero de 2020.
Negar la green card a potenciales inmigrantes por asumir que podrían ser una carga pública, como lo indica en un artículo de Wall Street Journal, el periodista y editor Jason L. Riley, sería desestimar las evidencias que dan las estadísticas: «en 2018 el porcentaje de trabajadores en Estados Unidos nacidos en el extranjero alcanzó su máximo nivel desde 1996, pero su tasa de desempleo fue de 3.5% versus 4% de los nacidos en Estados Unidos». El escritor agrega que la participación laboral de los inmigrantes en general fue un poco más alta que la de los nacidos en el territorio estadounidense con 65.7% y 62.3% respectivamente [leer el artículo en inglés aquí]».
Quieren inmigrantes profesionales
Riley indica en su nota que adicionalmente a las preocupaciones sobre el cruce ilegal de inmigrantes en la frontera, la Casa Blanca teme que demasiados migrantes pobres estén entrando al país legalmente y vayan a sobrecargar los programas sociales. «El Presidente Trump dice que quiere atraer extranjeros de más alto nivel académico y menos propensos a pedir ayuda pública».
La mayoría de los inmigrantes llegan a esta nación americana para trabajar y aunque lo hagan en labores no relacionadas con sus profesiones, formación académica y/o experiencia laboral, devengando salarios más bajos, es la manera que tienen de salir adelante, especialmente los primeros años, casi siempre por falta de información y urgencias de asentamiento. El mito de que los inmigrantes son todos pobres y analfabetos o que vienen a robar los trabajos de estadounidenses está derribado por el peso de las estadísticas y estudios hechos en la variopinta sociedad estadounidense.
En julio de 2019 El Paracaidista publicó un reporte sobre los niveles educativos y profesiones de los asistentes a sus Seminarios de Revalidación de Títulos Extranjeros en una muestra de 15 años de trabajo con profesionales extranjeros de 25 distintos países, de marzo de 2004 a mayo de 2019. El estudio arrojó que 63.3% de los extranjeros tiene grado de licenciatura o mayor, con mínimo cinco años de estudios universitarios y 36.6% corresponde a egresados en niveles técnicos, con requerimientos de dos a tres años de estudios, conocidos en Estados Unidos como grados asociados. «Los ingenieros foráneos van en primer lugar de los profesionales asistentes al seminario con el 21.60%, seguidos por los médicos con el 10.87% y los abogados 9.13%», dice el informe.
«Y tienen muchos de ellos más de 15 años de experiencia en sus campos. No son amateurs, son gente formada académicamente en las mejores universidades e institutos tecnológicos de América Latina. Son profesionales hasta con dos carreras simultáneas, con grados de maestría y doctorado. Estamos hablando de profesionales de alto calibre. Los hemos visto cara a cara en estos últimos 15 años», asevera Ira Guevara, editora de nuestra publicación [ver artículo completo y reporte aquí], quien dicta los seminarios en Florida.
Abuso de los programas sociales
Pero sí es cierto que los inmigrantes han usado y continúan beneficiádose de programas gubernamentales de ayuda que han estado disponibles para ofrecer una mano en situaciones de emergencia. Sin embargo hay que aclarar que para ser elegible para la mayoría de éstos los inmigrantes deben tener cinco años bajo el estatus de residentes permanentes (con green card) durante los cuales pagan impuestos como cualquier otro ciudadano o trabajador legal en el país.
Un estudio de 2018 del Cato Institute, citado por Riley, indica: «En general, es menos probable que los inmigrantes consuman beneficios de asistencia social y, cuando lo hacen, generalmente consumen un valor de beneficios en dólares más bajo que los estadounidenses nativos. El costo per cápita de brindar asistencia social a los inmigrantes es sustancialmente menor que el costo per cápita de brindar asistencia social a los estadounidenses nativos».
Y aunque los inmigrantes de bajos recursos tienen menos probabilidades que los nativos de utilizar todos los programas de asistencia social, Medicaid es la excepción ya que tienen «un 0,4% más de probabilidades de usarlo”, indica el Cato Institute y asimismo asegura que los niños inmigrantes también tenían menos probabilidades que los niños nativos de utilizar programas de bienestar social y eran los menos propensos a usar Medicaid.
Causar miedo
«La estrecha decisión de ayer [27 de enero de 2020], 5-4 de la Corte Suprema de los Estados Unidos de levantar el mandato nacional que bloqueaba la entrada en vigor de la cruel regla de carga pública antiinmigrante fue profundamente decepcionante y realmente perjudicial. Poner fin al proceso de revisión judicial le permite a la administración Trump crear terror y dificultades entre los inmigrantes de bajos ingresos y las familias de inmigrantes de color, amenazando su salud, vivienda y nutrición, en formas que el Tribunal finalmente no puede permitir», advirtió Kristin Rowe-Finkbeiner, directora ejecutiva y CEO de la organización MomsRising.org, defensora de los derechos de mujeres y madres en Estados Unidos.
Proactivas en el tema de apoyo a las familias tanto Rowe-Finkbeiner como su colega Xochitl Oseguera, directora nacional de MamásConPoder.org (contraparte hispana), temen las repercusiones de la medida: «Al poner en peligro la posibilidad de entrar a Estados Unidos y de obtener la tarjeta verde si una familia usa Medicaid, Medicare, SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) o vales de alquiler de la Sección 8, esta regla aumentará el hambre en la infancia, la pobreza infantil, la falta de hogar, los pronósticos negativos para la salud y las disparidades raciales en nuestro país. Podría afectar a 26 millones de personas, incluyendo a 1 de cada 4 niños en Estados Unidos. Por eso es que más de 266,000 personas (incluyendo a 4,000 miembros de MomsRising) presentaron comentarios sobre la regla propuesta, la gran mayoría oponiéndose a ella», advierte Oseguera.
La preocupación principal es que el USCIS no puede predecir que tipo de apoyos o ayudas podría necesitar una familia en el futuro y decidir de antemano significaría una medida discriminatoria.
Quiénes no están sujetos a la Regla de Carga Pública
Algunas categorías de extranjeros están exentos de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública, como, por ejemplo, los refugiados, asilados, VAWA, y algunos solicitantes de visas T y U y, por lo tanto, no están sujetos a la regla final de Inadmisibilidad por Motivos de Carga Pública. Para más información acerca de las categorías de extranjeros exentos de la regla final, por favor vea el Manual de Políticas.
Los servicios públicos de ayuda que están incluidos en la regla son, según apunta el Manual de Políticas (en inglés):
- Supplemental Security Income (SSI).
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF).
- Federal, state, or local cash benefit programs for income maintenance (“General Assistance”).
- Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
- Medicaid (with some exceptions).
- Section 8 Housing Assistance under the Housing Choice Voucher Program.
- Section 8 Project-Based Rental Assistance (including Moderate Rehabilitation).
- Housing under the Housing Act of 1937.
De los servicios públicos, el Medicaid de emergencia está exceptuado con lineamientos precisos. Ver detalles aquí (en inglés). Algunos de estos programas del gobierno pueden tener otros nombres a nivel estatal.
A continuación compartimos un artículo escrito por Mark Hedin, reportero de Ethnic Media Services, con sede en San Francisto, California que ilustra con detalles el impacto de la aplicación de la «Public Charge Rule» (con edición de El Paracaidista):
Los tribunales federales bloquearon temporalmente la entrada en vigor del cambio en la regla sobre carga pública, y sus efectos intimidatorios continúan resonando ahora más con la luz verde para su aplicación. El número de inmigrantes que, por temor a las consecuencias del cambio de reglas, han tomado o planean tomar medidas para abandonar los servicios públicos a los que tienen derecho, excede con creces el número real de inmigrantes que estarían en riesgo al entrar en vigor esta regulación el 24 de febrero de 2020, según muestran los datos de las investigaciones.
Un estudio realizado en mayo 2019 por el Urban Institute encontró que casi el 14% de los adultos de familias inmigrantes informaron que ellos u otro miembro adulto de la familia habían dejado de recibir beneficios o habían decidido no solicitarlos, incluso cuando le corresponde a un niño, en lugar de asumir el riesgo percibido de estar expuesto a nuevas reglas. Entre las familias de bajos ingresos, esa cifra aumentó a más del 20%, según el estudio. Los programas que más se evitaron incluyen: SNAP (cupones de alimentos) CHIP (seguro médico para niños), y Sección 8 y otros tipos de asistencia para la vivienda.
A nivel nacional, las familias de 22.7 millones de personas incluyen a inmigrantes que podrían ser víctimas potenciales del efecto intimidatorio creado por el miedo a los cambios en las reglas de carga pública.
El cambio de reglas propuesto debía entrar en vigor el 15 de octubre de 2019, hasta que cuatro tribunales federales diferentes decidieron bloquearlo y emitieron mandatos judiciales en contra de su implementación. El pare a la medida duró hasta el 27 de enero de 2020 cuando se levantó el bloqueoen la Corte Suprema de Estados Unidos.
Pero desde mucho antes, cuando la noticia del cambio de reglas propuesto comenzó a filtrarse antes de que fuera anunciada en octubre de 2018, millones de personas temían ser atrapadas en sus garras y evitaron usar los programas del gobierno destinados a ayudarles a ellos y a sus familias a llevar una vida más saludable y exitosa.
Randy Capps, del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute), dijo que, a nivel nacional: “Son tan pocos los no ciudadanos que son elegibles para los programas de seguridad social cubiertos por la regla, que se estima que los que se verían afectados son una cantidad en las bajas decenas de miles”, no serían millones, como declaran incorrectamente tanto funcionarios como los medios de comunicación.
Un estudio del gobierno de Michigan encontró que “de 86,298 inmigrantes legales no ciudadanos que reciben asistencia pública del departamento de salud del estado, sólo a 611 se les podría hacer más difícil el camino hacia la residencia permanente legal si continúan recibiendo beneficios públicos”. Eso es menos del 1%.
Para aquellos que ya están en los Estados Unidos, la categoría de personas que más necesitan tener cuidado con las reglas de carga pública no son aquellas que reciben beneficios, sino las que planean viajar fuera de los Estados Unidos.
“Si tuviera que darle un mensaje a cada inmigrante en Estados Unidos, diría: ‘Si tienes una tarjeta verde, no te vayas por más de 180 días’”, dijo el ex funcionario de la administración de Obama, Doug Rand, cofundador de Boundless.com. Este portal de servicios legales tiene una calculadora de riesgo en inglés para detectar factibilidad o no de aprobación de una residencia permanente que puede consultarse aquí: https://www.boundless.com/public-charge-rule.
Las reglas de carga pública, incluso las más estrictas como se ha propuesto, simplemente no son aplicables a mucha gente que ya está en el país. No aplican a solicitantes de asilo o refugiados, ciudadanos o solicitantes de ciudadanía, ni a los que están en DACA, ni a aquellos con tarjeta verde (residencia). El uso de beneficios por parte de los miembros de la familia y el uso pasado de beneficios también es irrelevante, incluso bajo las reglas más estrictas que se han propuesto.
“La lista de programas que ahora se consideran en la prueba de carga pública es más limitada de lo que parece a primera vista”, dijo Sara Feldman del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center). “El impacto se limitará principalmente al uso de cupones de alimentos, subsidios de vivienda y asistencia en efectivo. Aunque Medicaid está incluido, hay tantas excepciones en la regla que pocas personas inscritas en el programa se verían afectadas”.
“Y el uso de los beneficios públicos es sólo un factor a tener en cuenta al determinar quién obtiene la tarjeta verde (residencia)”, añadió Feldman. “Los oficiales de inmigración también tienen en cuenta los ingresos, el estado de salud, el dominio del inglés y otros factores”.
Las personas que más han sido afectadas por las reglas de carga pública son las que solicitan venir a los Estados Unidos. Desde 2016, el Departamento de Estado ha citado los temas de carga pública de manera más agresiva. Las denegaciones de visa por motivos de carga pública pasaron de 1,000 en 2016 a 12,000 en 2018 en los consulados de Estados Unidos a nivel mundial.
Pero la mitad de esas denegaciones ya han sido revocadas, y más podrían ser revocadas a medida que continúe el largo proceso de apelación, señaló Jeanne Batalova, del Instituto de Políticas Migratorias, en una sesión informativa por teléfono copatrocinada por Ethnic Media Services, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (Immigrant Legal Resource Center) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.
“La brutal ironía es que la gente sigue desafiliándose de los beneficios públicos cuando no tiene porque hacerlo”, dijo Rand.
Mark Greenberg, miembro del Instituto de Políticas Migratoria, dijo a Ethnic Media Services, en una entrevista telefónica después de la sesión informativa por teléfono que “No está muy claro qué problema la administración pensó que iba a resolver, porque el Congreso ya había acordado hace 20 años las restricciones basadas en el tema sobre carga pública”.
“El número de personas a las que se les negaría el ajuste de estatus migratorio basado en su uso de beneficios sería bajo, porque no son elegibles (para esos beneficios)”, dijo, mucho menos que el número de personas que están sintiendo el efecto del cambio de reglas propuesto mientras continúa su camino por los tribunales.
Por: Redacción de El Paracaidista, con artículo adjunto de Mark Hedin, reportero de Ethnic Media Services
Foto: Archivo
Febrero 2020
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