Proyecto bipartidista de reforma migratoria
Con la consigna de ser un proyecto de ley bipartidista entró a la Cámara de Representantes y al Senado el Secure America and Orderly Immigration Act o Ley para un País Seguro y una Inmigración Ordenada, el pasado 12 de mayo. Con las siglas H.R.2330.IH y S.1033.IS, respectivamente, este par legislativo pretende ser uno de los puntos focales en la reforma migratoria de Estados Unidos que ya está atrayendo atención en el Congreso de opositores e impulsores, luego de haberse aprobado el concentrado anti-inmigrante Real ID Act 2005.
«La American Immigration Lawyers Association (AILA) aplaude a los senadores John McCain (R-AZ) y Edward Kennedy (D-MA), y a los representantes Jim Kolbe (R-AZ), Jeff Flake (R-AZ) y Luis Gutiérrez (D-IL) por sus esfuerzos por reformar nuestras leyes de inmigración y su introducción del proyecto de ley, respaldado por ambos partidos, para un País Seguro y una Inmigración Ordenada (Secure America and Orderly Immigration Act). Aplaudimos a estos miembros del Congreso no sólo por reconocer que nuestro actual sistema de inmigración no funciona, sino por hacer algo al respecto con la introducción de la reforma integral de la inmigración apoyada por ambos partidos», señaló Jeanne Butterfield, Directora Ejecutiva de la AILA en un comunicado.
El corazón pro-inmigrante y benigno del bill es la posible legalización de 8 a 12 millones de inmigrantes que se calcula están fuera de estatus y viviendo en el país. Esto gracias a un visado de trabajo temporal que introduce, bajo las siglas H-5B, que les permitiría estadía inicial por seis años, previo pago de multa ($1.000) y taxes atrasados, chequeo de antecedentes criminales y de seguridad, sometimiento de huellas y otros datos, además de establecer un récord de trabajo en EEUU (y estar presente en el país para la fecha de introducción del bill que fue el 12 de mayo de 2005). El beneficio es extensivo para cónyuges e hijos menores de 21 años y provee un camino luego para obtención de residencia permanente (con pago de otra multa de $1.000, amén de otros importes y recaudos).
Junto a este respiro viene el programa H-5A que permitiría a extranjeros con ofertas de trabajo en EEUU en puestos de ningún o poco entrenamiento obtener una visa no inmigrante por tres años renovable a tres años más, después de lo cual deben regresar a su país de origen o entrar en el camino a la residencia por petición de empleador o por cuenta propia (self petition), si llevan cuatro años consecutivos trabajando bajo el estatus H-5A para una empresa estadounidense. También deben pasar revisiones de antecedentes criminales, médicas y chequeos de seguridad y pagar los importes correspondientes. El tope de estas visas H-5A se fija en el proyecto a 400 mil, pero su límite anual se ajustaría de acuerdo a la demanda de trabajadores foráneos. Los estadounidenses tendrían siempre prioridad en los puestos de trabajo ofrecidos a través de bancos de empleo.
«Tengo esperanzas de que la reforma inmigratoria se podrá lograr mediante un esfuerzo bipartidista, porque se necesita de una manera dramática. Pero yo no veo un ‘track record’ [record de desempeño] favorable de esta administración para pensar que realmente va a haber cambios para lo mejor», dice a El Paracaidista Julián Montero, abogado de inmigración del bufete Vilar & Montero, P.L. en Miami.
Para Matthew Specht, Secretario de Prensa del representante republicano por Arizona, Jeff Flake, co-patrocinador del proyecto de ley, el punto crucial para convencer a detractores es la seguridad nacional: «Pienso que el congresista Blake cree que la parte más crítica del proyecto de ley es que mejorará la seguridad nacional y este es el principal rol del gobierno federal. Le permitirá proteger a nuestra nación».
Sobre el aspecto más controversial que podría trancar las negociaciones, María Rodríguez, Directora de la Florida Immigrant Coalition indica: «Desde el punto de vista de los ‘restriccionistas’, como les dicen, esto va a legalizar a millones de personas que infringieron la ley y ellos temen que al dar esa legalización van a venir más y más indocumentados. Pero realmente dentro de esta reforma hay un control muy fuerte en la frontera y si bien se van a legalizar millones de personas en Estados Unidos, también va a ser más difícil la entrada ilegal al país. Va a haber un programa en el cual las personas a través de los consulados [estadounidenses], una vez que tengan una oferta de trabajo, pueden pedir entrada, por eso es que la ley habla de un ingreso o inmigración ordenada».
Rodríguez dice a El Paracaidista que la propuesta se ve muy favorable, pero que no se sabe cómo va a terminar una vez se le hagan enmiendas y se debata.
Qué ofrece esta reforma migratoria
El proyecto contempla provisiones de seguridad de frontera, reembolsos y fondos (para estados y gobiernos locales) para costos de encarcelación de indocumentados criminales convictos, programa de visa de trabajador esencial (H-5A) para que empresas con necesidad de trabajadores foráneos puedan ofrecer puestos de empleo, cumplimiento de la ley con multas para quienes infrinjan o abusen el programa con un sistema electrónico de autorización de trabajo que sustituye el uso de la planilla I-9 y un sistema biométrico para identificación de viajeros, además de autorizar auditorías aleatorias del Departamento de Trabajo para reforzar el cumplimiento. También incluye patrones de migración circulares para fomentar el regreso de los extranjeros sus países mediante acuerdos con éstos, unificación familiar y reducción de tiempos de espera con opciones como sacar a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses de los límites anuales de visas de inmigrantes, aumento del número de green cards por países, el ingreso requerido para pedir a familiares baja al 100% de la línea de pobreza y se remueven otros obstáculos para preservar la justicia, da incremento de visas de inmigrantes basadas en empleo de 140 mil a 290 mil anuales, y las visas perdidas por retrasos se reintegran al sistema. Asimismo proporciona ajuste de estatus para no inmigrantes H-5B para que los indocumentados puedan registrarse para una visa temporal (H-5B) válida por 6 años que luego abre paso a residencia permanente, provee protección contra fraude migratorio, y un programa publico privado con fondos para educación cívica y enseñanza del inglés a inmigrantes, acceso a cuidado de salud (por reembolsos a hospitales que atiendan a indocumentados y a portadores de las visas H-5A y H-5B). Los fondos para cubrir la implementación de estas provisiones saldrán de las multas y fees pagados por los inmigrantes.
«Tenemos que demostrar ante los votantes, el pueblo americano, que es algo para mejorar nuestra seguridad nacional, atender necesidades económicas y laborales que nuestro país tiene ahora y también atender necesidades humanitarias en las fronteras», declara Specht quien alude a recientes muertes de inmigrantes que trataron de cruzar la frontera en el desierto de Arizona, una situación a solucionarse si se aprueba el bill de reforma.
Pero venderle a la rama conservadora y anti inmigrante del Congreso una legalización masiva que pueda sonar a amnistía no es tarea fácil. La sugerencia de Specht sigue siendo usar el ángulo de seguridad nacional como argumento, porque según este vocero hay entre 8 y 12 millones de indocumentados dentro del país sobre quienes el gobierno federal no tiene la menor idea de quiénes son, qué actividades realizan, si tienen antecedentes criminales, ni cuáles son sus intenciones en el presente y aunque aclara que la grandísima mayoría está conformada por simples trabajadores, pudiera haber un porcentaje con otras razones para estar en el país.
«Ciertamente esperamos que el Presidente Bush le dé un visto bueno a este proyecto, pues creemos que llena todos los estándares que él ha establecido para una reforma inmigratoria», agrega. Pero hasta el cierre de esta edición ni el Presidente ni la Casa Blanca habían emitido comentario alguno sobre este bill que entró al Congreso un día después de que el Presidente firmara el Real ID Act 2005.
Pero si la gente tiene un mínimo deseo y esperanza de que esta legislación sea aprobada tendrá que poner ambos sentimiento en acción desde ya por medio de cartas, faxes, emails y llamadas telefónicas a sus senadores y representantes en el Congreso y especialmente a los miembros de los comités judiciales de ambas cámaras, piezas claves para que el proyecto se mueva a debate y votación. En «Poder Ciudadano» se explica cómo hacerlo. De lo contrario, esperar que otros hagan, que los congresistas «decidan» es entregar el proyecto a una muerte segura.
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