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La agresiva política del Department of Homeland Security a través de US Immigration and Customs Enforcement (Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) y su programa Secure Communities (Comunidades Seguras) de separar a familias, deportar niños, mujeres embarazadas y negarles sus derechos a una audiencia judicial en muchos casos, violando abiertamente sus derechos fundamentales, gatilló el repudio de la gente, y sobre todo al descubrirse que aunque la ICE tiene como prioridad deportar a criminales extranjeros o inmigrantes que hayan cometido crímenes o delitos o hayan infringido la ley de inmigración en repetidas oportunidades, la gran mayoría de los expulsados no cumplía con ese perfil, sino se trataba de estudiantes, padres y madres de familia y trabajadores que no han podido acomodar el estatus migratorio por impedimento de las actuales leyes. El Center for American Progress (CAP), entidad pro-inmigrante con sede en Washington, DC, lo resume así la reacción del gobierno: "Ayer [18 de agosto de 2011] el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió una carta al Congreso en la que se anuncia una nueva iniciativa para concentrar sus recursos en las deportaciones de máxima prioridad y en detener las deportaciones de casos de baja prioridad como los niños, las familias militares, las personas que fueron traídas aquí a temprana edad, las parejas del mismo sexo y las personas que son el sostén único de sus familias. El Center for American Progress ha dado a conocer la declaración siguiente: Aplaudimos al Departamento de Seguridad Nacional por dar este paso importante y bien recibido encaminado a armonizar nuestras prácticas de cumplimiento de la ley inmigratoria con los valores y prioridades de la nación. Al enfocar nuestros recursos del cumplimiento de la ley en aquellas personas que constituyen una amenaza a nuestras comunidades y no en los inmigrantes que no han cometido delito alguno, estas normas harán más seguras a nuestras comunidades, ahorrará dinero a los contribuyentes y mantendrán el compromiso de nuestro país con el estado de derecho. "Esta iniciativa representa otro paso en el proceso de hacer más eficaz y coherente nuestro régimen de cumplimiento de la ley inmigratoria al dar seguimiento a un memo sobre la discrecionalidad en el enjuiciamiento emitido por el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas John Morton el 17 de junio, en el que se enuncian claramente las prioridades de cumplimiento de la ley de la agencia. "La iniciativa lanzada ayer es un gigantesco paso de avance en la instrumentación de las directrices trazadas en el memo de Morton y que extienden su aplicación a todo el sistema inmigratorio. Este esfuerzo interinstitucional sin precedente, que incluye al Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, normalizará las prácticas de deportación y aplicación de la ley para asegurar que los recursos se desplieguen en forma eficaz a nivel de todo el sistema". Sobre esto, la Vicepresidenta de Política y Abogacía Inmigratoria del CAP, Angela Kelly, señala: "La priorización de los recursos y el otorgamiento de discrecionalidad a los fiscales para decidir los casos a enjuiciar es parte fundamental de cualquier esfuerzo de las autoridades-y aplaudimos a la administración por llevar esta discrecionalidad a todas las facetas del sistema inmigratorio". Esta entidad asegura que las nuevas guías no representan un debilitamiento de la ley de inmigración sino su fortalecimiento "al permitirles al DHS y al DOJ que dejen de desperdiciar los recursos del contribuyente en personas que no representan ninguna amenaza a la seguridad pública como son los padres trabajadores, los estudiantes que abogan por el DREAM Act que fueron traídos a este país a temprana edad por motivos no imputables a ellos y las parejas del mismo sexo simplemente por su orientación sexual". CAP prometió mantenerse vigilante para que las directrices se cumplan en la práctica tal cual como aparecen en el papel, y por igual en todas las agencias de cumplimiento de la ley. Pero resaltó que no es una solución final a la esperada reforma migratoria integral que deben acordar demócratas y republicanos en el Congreso lo antes posible. Detalles
de las nuevas guías Al preguntarle a la Secretaria de Prensa del National Immigration Forum, en Washington, D.C., sobre cómo podían interpretar estas nuevas guías las personas que tienen actualmente una orden de deportación abierta sin que tengan ningún delito cometido, y si esto se podía asumir como un período de espera o un alivio en el que se podía confiar, Katherine Vargas respondió a El Paracaidista: "Aquellos que ya tienen una orden de deportación y piensan que cumplen con los criterios para ser considerados baja prioridad (por ejemplo personas que llegaron al país cuando eran tan solo niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas que han vivido un largo tiempo y tienen familiares que son estadounidenses, etc.) deben consultar con un abogado calificado para averiguar si se puede aplazar la orden de deportación. La Casa Blanca no ha otorgado más detalles de cuánto tiempo se demorarán revisando los casos de deportación, así que no se sabe con certeza cuándo los individuos estarán recibiendo una carta de parte del Departamento de Seguridad Nacional diciendo que su deportación ha sido suspendida indefinidamente". La American Immigration Lawyers Association - AILA (Asociación Americana de Abogados de Inmigración) se pronunció rápidamente el 20 de agosto pasado con una alerta para la población inmigrante y sus familiares: "El anuncio de inmigración de la Administración Obama no es un programa de amnistía". Y resaltó lo siguiente: 1- No otorga
estatus legal a indocumentados en proceso de deportación
ni puede uno anotarse en el programa (no funciona así). "No le crea a nadie que le diga que se puede registrar para un permiso de trabajo (Employment Authorization Document o "EAD") u obtener estatus legal basado en el anuncio de la Secretaria Napolitano del 18 de Agosto de 2011, quien quiera que le diga esto no debe ser de su confianza", advierte la AILA e invita a la comunidad a prevenir el fraude al informarse correctamente a través de su sitio: www.StopNotarioFraud.org. Si bien es cierto que el gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo del Department of Homeland Security y del Department of Justice para revisar los casos, con la potestad de cerrar administrativamente los casos de baja prioridad, también lo es, dice AILA, que el resto de los casos serán procesados "más agresivamente". Además sólo las autoridades de inmigración pueden determinar lo que es un caso de "baja prioridad", no hay garantías, resalta. Y finalmente señala que es un programa que se está armando actualmente y hay que esperar a ver cómo se lleva adelante en la práctica. "La mejor acción es consultar a un abogado de inmigración o a un representante acreditado, y no actuar porque un amigo, vecino o compañero de trabajo lo exhorta a hacerlo", aconseja la AILA. Aclara asimismo que no hay planillas, ni fees que deben pagarse para que le revisen su caso en inmigración (si tiene uno). Los sitios
oficiales a consultarse son: USCIS.gov,
ICE.gov,
www.aila.org
y los colegios de abogados de cada estado. También hay
una línea abierta nacional gratuita de información
acerca del reciente anuncio de DHS, de la Coalition for Humane
Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA): 1-888-6-CHIRLA
o 1-888-624-4752.
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La
presión ejercida ante la Casa Blanca, el Presidente y el
Congreso por parte de cientos de estudiantes indocumentados activistas
en toda la nación, organizaciones pro-inmigrantes y defensores
de los derechos humanos indignados por las políticas de
deportación masiva, que han alcanzado la cifra de un millón
durante la actual administración, surtió sus efectos.
