Basado en las nuevas guías del Department of Homeland Security
Nuevas directrices de deportación

La presión ejercida ante la Casa Blanca, el Presidente y el Congreso por parte de cientos de estudiantes indocumentados activistas en toda la nación, organizaciones pro-inmigrantes y defensores de los derechos humanos indignados por las políticas de deportación masiva, que han alcanzado la cifra de un millón durante la actual administración, surtió sus efectos.

La agresiva política del Department of Homeland Security a través de US Immigration and Customs Enforcement (Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) y su programa Secure Communities (Comunidades Seguras) de separar a familias, deportar niños, mujeres embarazadas y negarles sus derechos a una audiencia judicial en muchos casos, violando abiertamente sus derechos fundamentales, gatilló el repudio de la gente, y sobre todo al descubrirse que aunque la ICE tiene como prioridad deportar a criminales extranjeros o inmigrantes que hayan cometido crímenes o delitos o hayan infringido la ley de inmigración en repetidas oportunidades, la gran mayoría de los expulsados no cumplía con ese perfil, sino se trataba de estudiantes, padres y madres de familia y trabajadores que no han podido acomodar el estatus migratorio por impedimento de las actuales leyes.

El Center for American Progress (CAP), entidad pro-inmigrante con sede en Washington, DC, lo resume así la reacción del gobierno: "Ayer [18 de agosto de 2011] el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió una carta al Congreso en la que se anuncia una nueva iniciativa para concentrar sus recursos en las deportaciones de máxima prioridad y en detener las deportaciones de casos de baja prioridad como los niños, las familias militares, las personas que fueron traídas aquí a temprana edad, las parejas del mismo sexo y las personas que son el sostén único de sus familias. El Center for American Progress ha dado a conocer la declaración siguiente: Aplaudimos al Departamento de Seguridad Nacional por dar este paso importante y bien recibido encaminado a armonizar nuestras prácticas de cumplimiento de la ley inmigratoria con los valores y prioridades de la nación. Al enfocar nuestros recursos del cumplimiento de la ley en aquellas personas que constituyen una amenaza a nuestras comunidades y no en los inmigrantes que no han cometido delito alguno, estas normas harán más seguras a nuestras comunidades, ahorrará dinero a los contribuyentes y mantendrán el compromiso de nuestro país con el estado de derecho.

"Esta iniciativa representa otro paso en el proceso de hacer más eficaz y coherente nuestro régimen de cumplimiento de la ley inmigratoria al dar seguimiento a un memo sobre la discrecionalidad en el enjuiciamiento emitido por el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas John Morton el 17 de junio, en el que se enuncian claramente las prioridades de cumplimiento de la ley de la agencia.

"La iniciativa lanzada ayer es un gigantesco paso de avance en la instrumentación de las directrices trazadas en el memo de Morton y que extienden su aplicación a todo el sistema inmigratorio. Este esfuerzo interinstitucional sin precedente, que incluye al Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, normalizará las prácticas de deportación y aplicación de la ley para asegurar que los recursos se desplieguen en forma eficaz a nivel de todo el sistema".

Sobre esto, la Vicepresidenta de Política y Abogacía Inmigratoria del CAP, Angela Kelly, señala: "La priorización de los recursos y el otorgamiento de discrecionalidad a los fiscales para decidir los casos a enjuiciar es parte fundamental de cualquier esfuerzo de las autoridades-y aplaudimos a la administración por llevar esta discrecionalidad a todas las facetas del sistema inmigratorio".

Esta entidad asegura que las nuevas guías no representan un debilitamiento de la ley de inmigración sino su fortalecimiento "al permitirles al DHS y al DOJ que dejen de desperdiciar los recursos del contribuyente en personas que no representan ninguna amenaza a la seguridad pública como son los padres trabajadores, los estudiantes que abogan por el DREAM Act que fueron traídos a este país a temprana edad por motivos no imputables a ellos y las parejas del mismo sexo simplemente por su orientación sexual". CAP prometió mantenerse vigilante para que las directrices se cumplan en la práctica tal cual como aparecen en el papel, y por igual en todas las agencias de cumplimiento de la ley. Pero resaltó que no es una solución final a la esperada reforma migratoria integral que deben acordar demócratas y republicanos en el Congreso lo antes posible.

Detalles de las nuevas guías
Para aclarar en qué consisten las nuevas directrices (que no son una ley sino una interpretación de la ley existente), la coalición nacional Reforma Migratoria Pro América, conformada por decenas de organizaciones e individuos en todo el país y que lleva adelante una campaña para crear una red de personas que estén listas para trabajar y obtener los 279 votos requeridos para aprobar una reforma migratoria integral justa y humanitaria: 218 votos en la Cámara de Representantes, 60 en el Senado, y la firma del Presidente, publicó un resumen sobre los aspectos vitales de las nuevas guías: "Al momento, existe mucha información errónea acerca de este anuncio, y por esta razón, nosotros hemos compilado los 10 puntos más importantes que usted debe saber acerca de este nuevo anuncio", indicó. Aquí se reproducen:

Los 10 puntos más importantes acerca del anuncio por el Departamento de Seguridad Nacional
1. Los actuales 300,000 casos de personas que están en proceso de deportación serán revisados individualmente por oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Jueces de inmigración y abogados también estarán revisando estos casos diariamente y semanalmente para asegurarse que solo los casos que sean consistentes con las prioridades establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional prosigan en el proceso de deportación.
2. El anuncio es un intento de DHS de remover los casos considerados como "Baja prioridad" y enfocarse en individuos quienes posan un serio peligro a nuestras comunidades y país.
3. Individuos considerados "Alta prioridad" incluyen aquellos que posan un serio peligro a nuestra seguridad nacional, personas con delitos graves o repetidas ofensas, miembros de pandillas, y personas con repetidas violaciones de inmigración.
4. Individuos considerados "Baja prioridad" incluyen veteranos del ejército, personas que han vivido en este país por largo tiempo y han seguido la ley, estudiantes que califican para el Acta de los Sueños [Dream Act], aquellos traídos a este país como niños, mujeres embarazadas, víctimas de violencia doméstica y personas casadas con ciudadanos americanos incluyendo parejas LGBT [lesbian, gay, bisexual, and transgender].
5. Individuos que actualmente están en proceso de deportación y son considerados "Baja prioridad" recibirán una carta de parte de DHS estipulando que su caso ha sido "cerrado".
6. Aquellos que reciban la carta indicando que su caso ha sido cerrado tendrán la oportunidad de aplicar para un permiso de trabajo. Decisiones referentes a dichos permisos serán tomadas caso por caso. Inmigrantes indocumentados que actualmente no están en proceso de deportación no podrán aplicar para un permiso de trabajo.
7. Los individuos NO DEBEN intentar ser arrestados y puestos en proceso de deportación para obtener un permiso de trabajo.
8. Si estos cambios son implementados correctamente, los individuos que no están en proceso de deportación no correrán el riego de ser puestos en proceso en el futuro, siempre y cuando los cambios de este anuncio estén vigentes.
9. Este anuncio no cambia nada acerca de los programas como 287g y Comunidades Seguras (S-COMM).
10. Este cambio no es "una Amnistía" como muchos proclaman. Es solamente un cambio en la manera que DHS implementa las políticas de seguridad, y poder enfocarse en aquellos individuos con largo récord criminal y que representan serias amenazas a los Estados Unidos.

La coalición exhorta a todos a llamar al Presidente: "Usted puede llamar a la Casa Blanca y agradecerle al Presidente Obama por este paso en la dirección correcta. El número a marcar es: 1-866-996-5161".

Las prioridades que tiene el ICE son descritas por esta misma agencia: enfocarse en extranjeros criminales, fugitivos y violadores de la ley que han recientemente atravesado la frontera sin permiso.

Al preguntarle a la Secretaria de Prensa del National Immigration Forum, en Washington, D.C., sobre cómo podían interpretar estas nuevas guías las personas que tienen actualmente una orden de deportación abierta sin que tengan ningún delito cometido, y si esto se podía asumir como un período de espera o un alivio en el que se podía confiar, Katherine Vargas respondió a El Paracaidista: "Aquellos que ya tienen una orden de deportación y piensan que cumplen con los criterios para ser considerados baja prioridad (por ejemplo personas que llegaron al país cuando eran tan solo niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas que han vivido un largo tiempo y tienen familiares que son estadounidenses, etc.) deben consultar con un abogado calificado para averiguar si se puede aplazar la orden de deportación. La Casa Blanca no ha otorgado más detalles de cuánto tiempo se demorarán revisando los casos de deportación, así que no se sabe con certeza cuándo los individuos estarán recibiendo una carta de parte del Departamento de Seguridad Nacional diciendo que su deportación ha sido suspendida indefinidamente".

La American Immigration Lawyers Association - AILA (Asociación Americana de Abogados de Inmigración) se pronunció rápidamente el 20 de agosto pasado con una alerta para la población inmigrante y sus familiares: "El anuncio de inmigración de la Administración Obama no es un programa de amnistía". Y resaltó lo siguiente:

1- No otorga estatus legal a indocumentados en proceso de deportación ni puede uno anotarse en el programa (no funciona así).
2- El anuncio no provee una vía para solicitar permiso de trabajo ni da una nueva manera de hacerlo, ya que solo aplica a casos ya en el sistema que se consideren de baja prioridad para que no obstruyan los de alta prioridad.
3- No hay una manera "segura" de que usted se entregue a inmigración ni se puede garantizar que su caso será considerado de "baja prioridad". Cualquier persona que se ponga en contacto con las autoridades migratorias (si está fuera de estatus) puede ser arrestada, detenida y removida.
4- Sólo un abogado de inmigración calificado puede decirle cuáles son sus derechos y alternativas.

"No le crea a nadie que le diga que se puede registrar para un permiso de trabajo (Employment Authorization Document o "EAD") u obtener estatus legal basado en el anuncio de la Secretaria Napolitano del 18 de Agosto de 2011, quien quiera que le diga esto no debe ser de su confianza", advierte la AILA e invita a la comunidad a prevenir el fraude al informarse correctamente a través de su sitio: www.StopNotarioFraud.org.

Si bien es cierto que el gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo del Department of Homeland Security y del Department of Justice para revisar los casos, con la potestad de cerrar administrativamente los casos de baja prioridad, también lo es, dice AILA, que el resto de los casos serán procesados "más agresivamente". Además sólo las autoridades de inmigración pueden determinar lo que es un caso de "baja prioridad", no hay garantías, resalta. Y finalmente señala que es un programa que se está armando actualmente y hay que esperar a ver cómo se lleva adelante en la práctica. "La mejor acción es consultar a un abogado de inmigración o a un representante acreditado, y no actuar porque un amigo, vecino o compañero de trabajo lo exhorta a hacerlo", aconseja la AILA. Aclara asimismo que no hay planillas, ni fees que deben pagarse para que le revisen su caso en inmigración (si tiene uno).

Los sitios oficiales a consultarse son: USCIS.gov, ICE.gov, www.aila.org y los colegios de abogados de cada estado. También hay una línea abierta nacional gratuita de información acerca del reciente anuncio de DHS, de la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA): 1-888-6-CHIRLA o 1-888-624-4752.

Lo importante es comprobar que la presión funciona y que la comunidad unida puede lograr avances en la aprobación de una reforma migratoria integral. Ver detalles sobre el proceso de deportación en nuestro artículo: Deportación: mitos y realidades en www.elparacaidista.com/immi/immi80.cfm en los archivos online de ElParacaidista.com.

 


Foto: Kala Moiré.


Septiembre 2011







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