¿Cambiarán las políticas migratorias?

Después de los atentados terroristas ocurridos el pasado 11 de septiembre, muchos inmigrantes y extranjeros se preguntan cómo serán afectadas las leyes de inmigración estadounidenses y su aplicación en este país. Algunos piensan que se cerrarán las fronteras, otros que las visas de estudiantes ya no serán emitidas, incluso ciertas personas temen que no se lleve a cabo el sorteo de visas de inmigrante Diversity Visa Program de este año.

Naturalmente quienes aspiran abrir operaciones en Miami, planean estudiar su carrera en esta ciudad o unirse a sus familiares residentes en el sur de Florida se lo están pensando dos veces. Igualmente, los extranjeros que se encuentran bajo estatus migratorios temporales e incluso aquéllos que están ilegalmente en el país no se libran de la preocupación acerca de un inminente cambio en las políticas de inmigración que pudieran afectar sus vidas y planes.

Para aclarar estas inquietudes El Paracaidista conversó con diversas fuentes diariamente relacionadas con el tema migratorio en Estados Unidos. En general coincidieron en que si bien a futuro podrían considerarse algunos cambios en las leyes migratorias, el efecto inmediato se sentiría en un mayor rigor en la aplicación de la legislación existente por parte del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

Juan Carlos Zapata, presidente de la Colombian American Service Association (CASA), una de las organizaciones destacadas en Florida por su defensa y ayuda a los inmigrantes, especialmente los provenientes de Colombia, se mostró preocupado por el estancamiento del proceso de aprobación de ciertas propuestas para beneficiar a los inmigrantes estadounidenses: «Nosotros estamos hablando mucho con nuestra gente en Washington y todo está básicamente paralizado en torno a los beneficios de los inmigrantes, el TPS [Temporal Protected Status] para los colombianos, lo de los mexicanos [amnistía laboral].

Lo más dramático para Zapata se refleja en el cambio de corriente que han tenido estas iniciativas. Por ejemplo, contó que esa misma semana en que ocurrieron los atentados sólo faltaba que la cámara aprobara la reactivación de la sección 245 (i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que fuera revivida por la ley de Inmigración Legal y Equidad Familiar (conocida como LIFE Act por sus siglas en inglés: Legal Immigration and Family Equity Act of 2000) y sus enmiendas el 21 de diciembre del 2000 y que expiró el 30 de abril del 2001. Zapata apuntó que la reactivación de la 245 (i) ya había sido aprobada por el Senado y como consecuencia de los atentados se paralizó: «Ya no creo que se apruebe», dijo.

Concordando con esta opinión, Samuel D. Blanco, abogado de inmigración con oficinas en Miami, afirmó: «La 245 (i) está en el limbo por ahora».

Sin embargo, Benjamin Johnson, abogado de inmigración de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), en Washington, DC, comentó a El Paracaidista que es muy posible que la 245 (i) se apruebe este año antes de que el Congreso termine sus sesiones: «He oído pocas objeciones a esta propuesta después de los atentados ocurridos y las que he oído provienen de personas que desconocen los beneficios que traería la activación de esta propuesta, ya que se trata de familiares de inmigrantes y trabajadores que ya están aquí. Lo que ha ocurrido es que no le han puesto atención a este tema porque las prioridades han sido otras, pero esperamos que el Congreso regrese a sus actividades habituales y se apruebe».

Si se firma la propuesta 245 (i) permitiría a extranjeros ilegales que se encuentran en el país y que sean elegibles para hacer un cambio de estatus realizar ese cambio sin salir de Estados Unidos, si pagan una multa de $1.000 al INS. De otra manera tendrían que irse a sus países de origen a tramitar sus visas y al dejar el país voluntariamente si han pasado mas de 180 días a un año fuera de estatus, les corresponde una multa de prohibición de entrada a Estados Unidos por tres y diez años respectivamente.

Se aprietan los controles
Cumplir al detalle con los requisitos al solicitar una visa, proveer información veraz como manda la ley y mantenerse en estatus legal mientras se reside en Estados Unidos son algunas de las obligaciones que tienen los extranjeros cuando desean viajar y/o permanecer en este país. Pero no siempre son acatadas y el Servicio de Inmigración y Naturalización abarrotado de trabajo y sin contar con suficientes recursos no ha estado en capacidad plena de hacerlas cumplir. Sin embargo, a raíz de lo ocurrido el pasado septiembre, muchos ojos están mirando a esta agencia federal como uno de los entes protectores ante los intentos de otros terroristas de infiltrarse en Estados Unidos. De modo que es menester que se tomen medidas para evitarlo y éstas tendrán que ver con una certera aplicación de las reglas para entrar e inmigrar al país.

«El cambio más grande no se va a ver en la frontera sino fuera de Estados Unidos. Van a examinar todos los casos con mucho más cuidado. Anteriomerte inmigración no tenía el equipaje para examinar todos los casos con tanto detalle y había casos que se le podían pasar por la cantidad de gente que trata de entrar a Estados Unidos. No creo que se vaya a cerrar la frontera. No creo que van a negar casos de gente que legitimamente cumple con los requisitos para inmigrar al país, porque éste es un país de inmigrantes. Creo que se trata más de un miedo infundado. Ciertamente las personas que han cometido delitos puede que encuentren más dificultades. Pero definitivamente pienso que no habrá cambio en las leyes, sino un refuerzo en la aplicación de las leyes que ya existen. Si al reforzar la aplicación de estas leyes se dan cuenta de que todavía existen demasiados huecos, en ese instante pensarán en crear nuevas leyes. Todas las personas que estén ajustadas a la ley no deben tener problema. Habrá una mejor coordinación con el FBI y otras agencias de seguridad para asegurarse que la gente que muestra un pasaporte es quien dice que es», explicó Samuel D. Blanco.

En opinión de Zapata el INS hará incapié en evitar que se vulnere la ley: «Lo preocupante es que estén pensando cómo pueden limitar la inmigración y cómo pueden monitorear a quienes se han quedado más tiempo del que les corresponde. Esto puede afectar especialmente a los suramericanos: colombianos, venezolanos, argentinos. Es precupante por lo del control, porque pueden someter a la gente a procesos de deportación, gente que tenía seis meses de estadía y se ha quedado más tiempo, por ejemplo. Para mucha gente se va a complicar la situación. Van a ser más estrictos con la reglamentación. Anteriormente el INS no tenía los recursos para seguirle la pista a todo el mundo. Ahora el Congreso sí le dará los recursos para que el INS tenga más control de esa situación. La aplicación de la ley va a ser mucho más estricta, buscarán formas de ‘apretar la tuerca’, porque ha habido abusos».

Zapata se refiere al uso de documentación falsa, a mentir en las solicitudes de visa: «Casi todos los terroristas [de los atentados del 11 de septiembre del 2001] violaron leyes de inmigración y eso obviamente va a repercutir en todo el mundo. El abuso o fraude de algunos pocos individuos, como aquéllos que solicitan asilo sin tener razones válidas, afectará a todos . Hay mucha gente que usa papeles falsos y mucha gente no entiende que cuando miente en las solicitudes o usa papeles falsos no sólo se perjudica a sí misma sino que perjudica a la gente que está haciendo las cosas bien hechas».

Sin embargo, Juan Carlos Zapata advierte que estas medidas no impactarán masivamente a la comunidad inmigrante: «Van a tener más posibilidades de ser afectados quienes no estén ajustados a la ley. No es para que a la gente le entre el pánico porque son medidas para controlar el terrorismo. Habrá nuevas medidas como por ejemplo que el INS pueda detener a la gente y reternerla más tiempo, hasta 72 horas [bajo investigación judicial]. Se buscarán legislaciones que lo permitan», detalló Zapata.

Empero, Patricia Mancha, vocera del INS para Florida, explicó que el INS continúa sus operaciones al mismo ritmo que antes del 11 de septiembre: «El único cambio es que ahora hay un estado de alerta en sentido de seguridad. Tenemos otro nivel de alerta de seguridad en nuestros edificios y empleados y es para la protección de nuestros empleados y de toda la comunidad a la cual servimos. Es importante que mantengamos buena seguridad. Pero todo sigue igual. Estamos dando beneficios, servicios, todo. Seguimos proveyendo servicios tal como lo hacíamos antes del 11 de septiembre, y al momento no nos han informado que haya un cambio en la práctica, y, si éste fuere el caso, recibiríamos notificación de Washington en cuanto a un cambio de la política o de la ley».

Por su parte, el abogado de inmigración Oscar Rodríguez-Fonts, con oficinas en Miami, dijo: «A mí me preocupa que vayamos de un extremo al otro. Lo importante es que haya un balance, no ir a los extremos. Hay que tener precaución, cuidado, ver las personas que no son elegibles, pero no irse a los extremos para negar los casos de gente que cumpla con sus requisitos. Es importante que el INS vigile que no entren personas no elegibles o que presente un peligro, pero sin afectar a quienes sí cumplen».

¿Cambios en la emisión de visas de estudiantes?
En un informe sobre controles efectivos de inmigración para impedir el terrorismo presentado por el Comisionado del INS, James W. Ziglar, ante el Comité Judicial del Senado y el Sub-Comité de Inmigración el pasado 17 de octubre, se expresaba, entre otros puntos, la necesidad de revisar el proceso bajo el cual los estudiantes extranjeros obtienen acceso a Estados Unidos. También se mencionaba la urgencia de tener acceso expedito a información actualizada sobre los extranjeros presentes en el país bajo el visado estudiantil: «(…) Hoy el INS mantiene records limitados de los estudiantes extranjeros y está en capacidad de acceder a esa información si se le demanda hacerlo. Pero la información está contenida en plataformas tecnológicas viejas que son insuficientes para cumplir con las necesidades actuales de rápido acceso. (…)».

Ziglar propuso trabajar en conjunto con el Sistema de Información de Estudiantes Visitantes de Intercambio (SEVIS) para extenderlo en enero del 2003 a todos los extranjeros con visas de estudiantes. Este sistema automatizado de rastreo de información, que aún deberá adecuarse para un uso más amplio, permitirá a las universidades e instituciones que alberguen estudiantes extranjeros notificarle de inmediato al INS cualquier cambio de estatus que pueda afectar una visa de estudiante, la identidad y dirección actualizada del extranjero, las fechas de emisión, expiración y/o extensión de su visa, si estudia a tiempo completo o parcial y cualquier medida disciplinaria tomada por la institución como resultado de la comisión de un delito por parte del estudiante, según lo explicó David Ward, Presidente del Consejo Americano de Educación en su testimonio ante el Sub-Comité de Tecnología, Terrorismo e Información Gubernamental del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, en su ponencia sobre el SEVIS el pasado 12 de octubre y publicado por el Consejo Americano de Educación (ACE).

Una de las propuestas sugeridas por el INS, y citada por Ward en ese mismo testimonio, es que los extranjeros con planes de estudiar en Estados Unidos deben registrarse y pagar de antemano a la institución educativa (vía Internet, con tarjeta de crédito o dólares estadounidenses), para luego poder obtener su visado. Actualmente, el aspirante a estudiante, si es admitido por la institución, recibe una forma llamada I-20 con la cual va al consulado estadounidense de su país y junto a otros requisitos, entre éstos evidencia de capacidad financiera para costear sus estudios y estadía, solicitaba la visa. Si le era concedida, podía entrar al país para luego inscribirse formalmente en la universidad o instituto. Ward se opuso a esta propuesta argumentando que muchos estudiantes foráneos no tienen acceso a tarjetas de crédito, al dinero en dólares o a Internet.

Si bien los temas son delicados e involucran a varios sectores, lo cierto es que se están evaluando cambios para proteger al país de amenazas.

«Pienso que se reforzará la verificación de si la persona que entra con visa de estudiante continúa bajo esos términos. Quizás empiecen a limitar el tiempo en que la persona está estudiando. Hay gente que se queda mucho tiempo con visa de estudiante y ya no está estudiando», afirmó el abogado Samuel D. Blanco.

Al preguntársele si habría algún cambio en la emisión de visas de estudiantes, Patricia Mancha, vocera del INS para Florida dijo que las visas y su emisión son una función del Departamento de Estado y que si se contemplaba un cambio en los requisitos o maneras de emitirlas sería responsabilidad del Departamento de Estado y sería esta entidad la que informaría sobre eso.

Más oficiales del INS en los puertos de entrada
Otra de las propuestas del INS presentadas para su presupuesto del año fiscal 2002 (y que ahora cobra mayor vigencia) era la del incremento de inspectores en los puertos de entrada al país y asimismo requerir la inspección de todos los pasajeros en tránsito que pasan por Estados Unidos en escala hacia otros países. Igualmente, piden el aumento de agentes de patrulla fronteriza al norte y sur del territorio estadounidense.

El INS está pidiendo la colaboración de las empresas transportistas (líneas aéreas, barcos, transporte terrestre) para que suministren información de los pasajeros por adelantado antes de que aborden, ya sea para dirigirse a Estados Unidos o al dejar el país y así prevenir que supuestos terroristas, criminales y pasajeros inadmisibles arriben o dejen el país. Esta información, sugieren, debe estar ampliamente disponible para su consulta por parte de agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

También se contemplan la revisión y potencial eliminación del Programa de Trásito sin Visa para impedir la entrada a Estados Unidos de pasajeros inadmisibles y re-pensar la designación de países específicos participantes de Programa de Exención de Visa para asegurarse que tienen políticas de pasaporte apropiadas. En esta revisión caerán Argentina y Uruguay, los únicos dos países latinoamericanos que tienen ese privilegio.

El Presidente George W. Bush ha pedido que se destinen $20 millones para que se multiplique el refuerzo tecnológico del INS, petición que a la fecha de cierre de esta edición aún no había sido concedida.

Records de entrada y salida de visitantes actualizados
Otra de las metas del INS es automatizar aún más su base de datos de entradas y salidas de personas en el país. En el 2000 se aprobó la ley de Mejoramiento y Gerencia de Data que comanda al INS desarrollar un completo e integrado sistema automatizado de colección de información de las entradas y salidas de viajeros que funcionará en todos los puertos, aeropuertos y puntos de entrada por tierra, y cuyo funcionamiento total se debe completar en el 2005. Ya, empero, esta agencia está tomando medidas para asegurarse que en los próximos meses tenga acceso a la información necesaria para poder realizar un mejor rastreo. Para esto está trabajando conjuntamente con el sector privado, la industria turística, el Congreso y otras agencias del gobierno.

Especial énfasis tiene al momento la identificación de personas inadmisibles o que sean una amenaza para el país. El Comisionado del INS James W. Ziglar anunció que dentro de los próximos tres meses tanto su agencia como el Departamento de Estado pondrán a la disposición de los puertos de entrada la Base de Datos Consular Consolidada para ayudar a los inspectores a verificar rápidamente la identidad de los portadores de visa que busquen ser admitidos en Estados Unidos. También se expanderá en un futuro a todos los puertos de entrada el acceso a información criminal (específicamente de gente buscada por la ley) provista por el Centro de Información Nacional del Crimen.

¿Mayor identificación para viajes dentro del país?
Corren rumores acerca de nuevas medidas de seguridad bajo las cuales se les pedirá a los viajeros que se desplacen en avión, tren o autobús por territorio estadounidense que muestren su pasaporte, prueba de estadía legal en el país además de su ID o licencia de conducir.

«Aunque no he escuchado nada sobre esto, pienso que es razonable temer que el INS y otras agencias oficiales de seguridad serán más agresivas en hacer cumplir la ley y es lamentable que los esfuerzos se tornen hacia gente inocente y no hacia los verdaderos culpables», opinó Benjamin Johnson abogado de la AILA.

Al respecto, Patricia Mancha, vocera del INS, dijo a El Paracaidista: «Eso sería un cambio de política y al momento no hemos recibido ninguna instrucción desde Washington para hacerlo».

Las demás fuentes consultadas coincidieron en no haber oído nada al respecto ni saber si se tomarán ese tipo de medidas.

Nueva ley antiterrorismo pudiera afectar a inmigrantes
Al cierre de esta edición el Presidente George Bush firmó una nueva ley antiterrorismo que contempla algunos aspectos que podrían afectar a los inmigrantes que viven en Estados Unidos.

«La Casa y el Senado pasaron una nueva ley antiterrorismo con una provisión en el área de inmigración que, entre otras cosas expande el concepto de lo que es un terrorista y también le da al fiscal general completo poder para detener a cualquier sospechoso de actos terroristas. Hubo mejoras en la ley inicial que fue presentada en cuanto a provisiones de revisión y limitaciones del tiempo que una persona puede pasar detenida [máximo siete días] hasta que le impongan cargos. Pero si el fiscal general considera que alguien es sospechoso de terrorismo, lo detienen y luego no se consiguen pruebas y se determina inocente, aún pudieran imputarle cargos si esa persona, por ejemplo, se ha quedado más tiempo del permitido en su visa o está trabajando sin autorización. Entonces puede pasar un cierto tiempo antes de que esa persona pueda ser liberada, su caso procesado o incluso ser deportada. En esa ley se dice que el fiscal debe revisar esos cargos cada seis meses. Espero que use este poder sabiamente. Nos decepciona que la ley no tenga mejores protecciones porque hay un potencial de abuso allí. La constitución está para protegernos incluso de los posibles peligros de abuso, no se puede privar a una persona de su libertad sin que haya un proceso legal», explicó Benjamin Johnson de la AILA y dejó entrever que esto podría abrir las puertas a largas o hasta indefinidas detenciones injustificadas.

Amanda Carufel, también de la AILA, comentó su preocupación sobre la expansión de la definición de actividades terroristas: «Nos preocupa que esto no vaya usarse para deportar personas que, por ejemplo, estén recolectando fondos para una organización sin fines de lucro que, sin que las personas lo sepan, esté en la lista de organizaciones terroristas».

Para finalizar, Johnson expresó: «Me gustaría decir que necesitamos enfocarnos en encontrar a las personas que cometieron estos horribles actos y no en nuevas leyes que puedan afectar a gente inocente. Esto no nos ayuda a pelear contra los culpables, no nos protege».

Hasta la fecha no se ha anunciado ningún cambio en la realización del sorteo de visas que continuará normalmente como estaba pautado.