Reforma: STRIVE Act en Congreso

El empuje por una reforma migratoria justa y completa sigue aumentando por la fuerza de centenares de organizaciones pro-inmigrantes, entidades religiosas, sindicatos, cámaras de comercio y la ciudadanía que continúan realizando marchas, reuniones y audiencias en el Congreso de EEUU. Muchos se unieron bajo un conglomerado: la Coalición por una Reforma Migratoria Comprehensiva (CCIR – Coalition for Comprehensive Immigration Reform – www.cirnow.org). Otros bajo un proyecto llamado «Plan Maestro».

El pasado 22 de marzo la presión hizo catarsis con la introducción en la Cámara de Representantes de un nuevo proyecto de ley bajo las siglas H.R.1645 y título Security Through Regularized Immigration and a Vibrant Economy Act of 2007 (Ley de Seguridad a través de una Inmigración Regularizada y una Economía Vibrante de 2007), que se abrevió como «STRIVE Act of 2007» (pueden conectarse a http://thomas.loc.gov, ir a «Search Bills» y poner el nombre o las siglas para leer el texto completo en inglés). Fue ingresada por los representantes Luis Gutiérrez (demócrata por Illinois) y Jeff Flake (republicano por Arizona) y con 29 co-patrocinadores y al cierre de estad edición ya llevaba 50.

«La introducción del proyecto de ley bipartidista STRIVE Act es un importante primer paso. Está dándole energías a quienes apoyan una reforma comprehensiva en todo el país. Los trabajadores y familias inmigrantes están desesperados por una reforma real. También los empleadores decentes que quieren una fuerza de trabajo legal y trabajadores estadounidenses que quieren un campo de juego nivelado. Y el público está cansado de las posturas partidistas y de los señalamientos a dedo. En los próximos días, CCIR y nuestros aliados en todo el país vamos a tener eventos en más de una decena de ciudades para demandarle al Congreso que tome acción en esta reforma migratoria comprehensiva. Aunque continuaremos estudiando los detalles de esta compleja legislación, estas actividades van a subrayar nuestra determinación de llevarla acabo este año y de hacerlo correctamente», dijo en un comunicado Clarissa Martínez, Gerente de Campaña de CCIR en Washington, D.C.

El STRIVE Act
El proyecto Gutiérrez-Flake impone el cumplimiento de numerosas medidas de seguridad antes de poder dar paso a la implementación de un programa para nuevos trabajadores y la legalización de los indocumentados, de acuerdo a un resumen provisto por la propia Cámara de Representantes sobre este bill. El Department of Homeland Security debe certificar ante el Congreso mejoras en la tecnología de vigilancia en la frontera, seguridad en documentos de inmigración, la puesta en marcha de la primera fase del Sistema Electrónico de Verificación de Empleo, aumento de personal en puertos de entrada y fronteras, un plan de trabajo con México para evitar tráfico humano, de drogas y actividades de pandillas, entre otras exigencias de seguridad.

También expande los tipos de crímenes (y aumenta las multas y penas) relacionados al fraude en documentos como pasaportes y visas, empleo de ilegales, lavado de dinero, tráfico humano, ofensas con armas de fuego cometidas por extranjeros y crea nuevas penas en el área migratoria para forasteros convictos por manejar bajo la influencia del alcohol y por comisión de crímenes de pandillas. Mejora los requerimientos para reportar direcciones bajo la ley de inmigración, da a las autoridades estatales y locales poderes para hacer cumplir las leyes criminales relacionadas con inmigración, permite detención por más de 90 días de extranjeros en proceso de remoción, aumenta los centros de detención a 20 más para poder alojar a 20 mil extranjeros.

Comanda la creación de un sistema de verificación de empleo sumamente estricto con protecciones para los trabadores estadounidenses y foráneos y sube las multas por infringir la ley al contratar a indocumentados.

El programa de visa de trabajador «crea un canal legal para futuros trabajadores inmigrantes (y sus cónyuges e hijos) al establecer la visa H-2C, válida por tres años y renovable por otros tres», apunta el resumen de este proyecto emitido por la Cámara de Representantes. Como es preciso que se intente contratar a un trabajador estadounidense primero, el proceso de reclutamiento es bien estricto. Hay restricciones en áreas de alto desempleo (9% o más), donde no se podrá emplear a extranjeros que tengan un nivel educativo de bachillerato (high school) o menor. El tope numérico de visas es de 400 mil anual ajustable cada años de acuerdo a las realidades del mercado. Los portadores de visas H-2C que estén desempleados por más de 60 tendrán que abandonar el país, porque la visa se puede transferir de un empleador a otro. Da oportunidad para obtener residencia permanente condicional después de cinco años (por petición de empresa o auto-petición) y eventualmente a la ciudadanía. Para obtenerla hay que demostrar calificaciones para un trabajo que está siendo ofrecido por un empleador estadounidense, completar un chequeo de antecedentes criminales y terroristas, pagar $500 por solicitarla, pasar un examen médico, mostrar admisibilidad a Estados Unidos (algunas prohibiciones relacionadas con el estatus ilegal podrán ser perdonadas, pero no las relativas a seguridad y criminalidad).

Para ganar la ciudadanía por el sendero de la H-2C los trabajadores, sus cónyuges e hijos debe mostrar presencia física en el país y empleo, completar los chequeos de seguridad, pagar $500 y cumplir con los conocimientos de cívica e inglés.

El STRIVE Act regularía las listas de espera de visas de inmigrante de familiares y las basadas en empleo al disminuir la ineficiencia del sistema. Al tiempo que crearía nuevos caminos para que trabajadores de altar calificaciones y aquellos muy demandados en el mercado estadounidense tengan facilidad y prioridad de venir y quedarse. Provee especial énfasis en campos como la enfermería.

Sobre la legalización de extranjeros fuera de estatus crea una visa condicional tipo no inmigrante que les permite junto a sus cónyuges e hijos en Estados Unidos estar en el país por seis años, con permiso de viaje y trabajo y protección contra deportación. Para quienes están ya en proceso de remoción o con órdenes de partida voluntaria daría en ciertas circunstancias (no muy claras al momento del cierre de esta edición) la oportunidad de solicitar ese estatus condicional no inmigrante. Para ser elegibles es preciso que demuestren presencia continua en el país desde el 1ro. de junio de 2006 o antes y que tuvieron empleo en ese período y que continúan trabajando, completar chequeos criminales y de seguridad, ser admisibles bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pagar una multa de $500 para importes por procesamiento (las multas se exceptúan para los niños), no ser convictos de felonía o tres delitos menores, no haber participado en persecución de otros individuos por raza, sexo, religión, ideas políticas, nacionalidad, membresía a algún grupo social. No ser convicto de un crimen serio fuera del país (ni tener razones para creerlo). Hay una pena de hasta cinco años de cárcel para quien voluntariamente falsifique información en la solicitud de estatus condicional no inmigrante.

Una vez obtenido este estatus, los extranjeros pueden solicitar la residencia permanente y la ciudadanía, pero luego de ponerse al final de la fila y que se hayan terminado las listas de espera por visas de inmigrante, aunque sus visas no se contarán contra ese cupo anual mundial. Para conseguir la ciudadanía, deben haber trabajado durante los seis años previos al ajuste, pagar una multa de $1.500 más costos de procesamiento, completar chequeos criminales y de seguridad, cumplir con los requerimientos de inglés y cívica, pasar examen médico, pagar todos los impuestos que pudiera tener pendiente por todo lo trabajado, mostrar admisibilidad a Estados Unidos, debe haber salido y entrado legalmente al país bajo el programa «Legal Reentry» durante el período de seis años de estatus condicional no inmigrante, pero no después de 90 días antes de solicitar el ajuste a residente permanente. Todo el procesamiento de documentos se realiza en Estados Unidos. Hay excepciones limitadas.

Este proyecto Gutiérrez-Flake incluye al Dream Act 2007 y al AgJOBS Act 2007, además de dar recursos extras para las cortes de inmigración, alivio para inmigrantes y víctimas de los ataques del 9-11 y sus familias, amén de facilitar el proceso de naturalización para miembros de las Fuerzas Armadas.

Al cierre de esta edición en Florida se había creado La Alianza de la Florida Pro-Legalización del Inmigrante conformada por un racimo de entidades que ya fijó posición en cuanto al proyecto de ley: «Nos permitimos comunicar a toda la comunidad en general que organizaciones que trabajan en beneficio del inmigrante, después de analizar las diferentes propuestas de reforma migratoria y la posibilidad de obtener la decisión del Congreso Federal de debatirla y aprobarla, nos hemos constituido en ‘La Alianza de la Florida Pro-Legalización del Inmigrante’, para apoyar el proyecto de ley elaborado y presentado por los congresistas Luis Gutiérrez y Jeff Flake, y que será respaldado en el Congreso por el Representante de Florida, Lincoln Díaz-Balart, con el apoyo de los Congresistas Ileana Ros-Lethinen y Mario Díaz-Balart. Con el fin de enviar este mensaje al Congreso y al Sr. Presidente de los Estados Unidos, hemos convocado el día 1o. de Mayo, múltiples caravanas de vehículos que irán hacia el Downtown de Miami, para reunirnos en una gran concentración en los exteriores del Government Center (111 NW. 1st. Street, Miami FL), de donde saldrá una marcha por las principales calles del Downtown, regresando al sitio de partida, para finalizar con una vigilia», reza un comunicado difundido en parte por Hispanic Coalition, una de las organizaciones participantes. Para la marcha participan con su esfuerzo: American Friends Service Committee, American Guatemalan Association (AGA), Americas Community Center, Catholic Charities- Archdiocese of Miami, Colombianos Pro-Inmigrantes, Farm Workers Association of Florida, Fundación Salvodoreña de la Florida, Haitian American Grassroots Coalition, Hispanic Coalition, Florida Inmigrant Advocacy Center, Jobs with Justice, Latin-American for Inmigrants (LAFORIN), Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Latinos Unidos en Acción, Organización Hondureña Francisco Morazán, Centro de Organización del Inmigrante (CODI), Peruvian Civic Unity, LULAC, LULAC Indoamerican, LULAC Latin American Power, LULAC Unión Latina, LULAC SOLIDARY, Mexican American Council Unity, Unidad Latin American Power, Democratic Party of Miami Dade County, Asociación Ministerial AMOE-Ancla de Salvación, Comisión del Gobernador de las Iniciativas de Fe, Nueva Esperanza, Asociación Ministerial de Miami-Dade, Ministerio Iglesias Jesucristo el Todopoderoso, entre otras.

Jorge-Mario Cabrera, Director Asociado de CARECEN (Central American Resource Center), organización comunitaria con sede en Los Angeles, California, cuenta a El Paracaidista sobre otras de las numerosas iniciativas de apoyo a la reforma que están surgiendo por todo el país, esta vez lo que ellos llaman el «Plan Maestro» o «Blue Print» de lo que consideran debe contemplar un verdadero y justo proyecto de ley y que fue presentado el 29 de marzo en Los Angeles: «Este plan modelo va comparar la propuesta Gutiérrez – Flake, listando las estrategias que se delinean en el blue print. El año estábamos reaccionando a los diferentes ataques, pero no estábamos diciendo lo que queríamos ver en la reforma. Pero este año más de 80 organizaciones se están reuniendo para pedir lo que se necesita, el blue print se va a distribuir esta semana [a principios de abril] a los congresistas más claves, las siguientes semanas se reunirán con otros congresistas que no ha dado su postura y cada organización tienen sus prioridades para esto».

Sobre el proyecto Gutiérrez-Flake, Cabrera dice que el análisis apenas comienza: «Podemos decir que la propuesta se divide en dos: primero es el reforzamiento de las leyes y segundo es la legalización. Uno de los contra pies es que antes de que ocurra la legalización va a ocurrir el reforzamiento. No indica cuándo, cómo ni el tiempo en que se logra la legalización y nuestra preocupación es que se detenga la legalización. Otra preocupación es que la propuesta daría permiso a las autoridades locales de ejercer las labores de agentes de inmigración y nosotros creemos que incluir algo así no es necesario. Crearía más confusión». El vocero de CARECEN dice que un gran grupo de personas estarían todavía en la sombra temerosas de ser arrestadas y que es bien importante que toda propuesta no excluya a los trabajadores permanentes o temporales de la posibilidad de obtener su residencia permanente y la ciudadanía.

«Este plan [Gutiérrez-Flake] ofrecería la posibilidad de ciudadanía hasta después de 18 o 20 años. Nuestro interés es que la comunidad se involucre que en el proceso cívico y viva una vida integrada a su nueva casa, ellos creen que deben esperar la ciudadanía, pero ya se la han ganado ya han contribuido, ya han pasado los malos ratos y no necesitan probar más que se la merecen. En el plan maestro hemos incluidos esas ideas básicas con puntos bien específicos».

Protesta contra plan Bush
El proyecto que estaba cocinándose en la Casa Blanca se dio a conocer el viernes 30 de marzo y creó un enérgica reacción por parte de las organizaciones pro-inmigrantes al saberse que es un refrito del modelo de Sensenbrenner que sólo incluye medidas de seguridad y un programa de trabajadores huéspedes que no da paso a la integración a esta sociedad como residentes permanentes y mucho menos a la ciudadanía, además de ignorar la legalización permanente de quienes ya se encuentran en el país trabajando.

«La propuesta de la Casa Blanca destruye la piedra angular de la política inmigratoria de Estados Unidos, reunir a las familias, lo que contribuye a crear comunidades productivas, sanas y bien integradas. Mientras que nada hace para solucionas las listas de espera, sí reduce o elimina categorías completas de visas de inmigrantes para familiares cercanos y somete a otros familiares a competir por la residencia permanente basándose en un sistema de ‘mérito’ que favorece a los ricos y bien educados. La propuesta falla en señalar la mayor causa de la inmigración ilegal y en su lugar desgarra a las familias», dice Karen Narasaki del Asian America Justice Center en Washington, miembro de CCIR.

Por su parte, el Secretario y Tesorero del sindicato SEIU Local 32BJ, basado en Nueva York, Héctor Figueroa expresa que este plan dice a los inmigrantes «queremos tu trabajo, queremos tu sudor, pero no te queremos a ti ni a tu familia. No tiene un sendero obvio hacia la ciudadanía para los inmigrantes aquí o para los que vengan en un futuro; ni protecciones para trabajadores contra empleadores explotadores, condiciones de trabajo inseguras o salarios injustos. Y nada para proteger los salarios de la actual fuerza laboral contra los empleadores que se alimentan de las bases».

El plan Bush contempla un programa de trabajadores huéspedes que puede ser usado por los indocumentados, pero deben salir del país y pagar una alta multa para lograr la residencia permanente. También incluye la incorporación de 6.000 agentes de patrulla fronteriza en el lindero Sur del país, 370 millas de cerca más y una pared virtual de 300 millas con sensores electrónicos. Asimismo un sistema de verificación de empleo antifraude para inmigrantes.

Según reporta el periódico «The Washington Post» en su edición del 31 de marzo, este proyecto se trabajó a puertas cerradas con senadores republicanos desde que el Presidente pidiera una reforma migratoria comprehensiva en su discurso «el estado de la nación» dado en enero de 2007. Las discusiones, señala el artículo, fueron lideradas por el Secretario de Homeland Security, Michael Chertoff, y el Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez (no tiene nada que ver con el congresista del proyecto Gutiérrez-Flake) e indica que la Casa Blanca aspira a que llegue el escritorio del Presidente este año como una propuesta que solucionará el problema de la inmigración ilegal y que proveerá un sistema seguro, productivo, ordenado y justo. Los indocumentados deberán registrarse seis meses después de la aprobación y cada miembro de la familia deberá hacerlo por separado. Recibirán entonces unas tarjetas llamadas Z o visas-Z que les permitirá a los ilegales trabajar, deberán renovarse cada tres años, y cada vez se tendrán que pagar $2.000 en multa y $1.500 por procesamiento. Para poder conseguir la residencia permanente, el portador de la Z tendría que salir del país y solicitar entrada legal a través de los consulados y embajadas estadounidenses en el exterior, para lo cual deberá pagar otra multa de $2.000 para solicitar la entrada y $8.000 si se le aprueba.

Uno de lo puntos más controversiales es que eliminaría las preferencias de petición para hermanos e hijos mayores de ciudadanos en su misión de reducir la inmigración basada en lazos familiares.

Pero la lucha continúa: «Nosotros estamos cautelosamente optimistas porque el diálogo del Senado como de la Cámara y el sector comunitario es mucho más amplio que el año pasado. No estamos entre la espada y la pared reaccionando, estamos hablando de estrategias y acercamiento a los medios para difundir información y hacer cabildeo con los legisladores. Si pasa una propuesta de ley va a pasar con el apoyo de la comunidad», cierra Jorge-Mario Cabrera, uno de los voceros del Plan Maestro, campaña respaldada por más de 80 entidades, entre las cuales se destacan la National Day Laborers Organizing Network, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), United Food and Commercial Workers International Union, William C. Velásquez Institute, Coalition for Humane Immigrants Rights of Los Angeles (CHIRLA), Central American Resource Center (CARECEN Los Angeles), League of United Latin American Citizens (LULAC), Center for Human Rights and Constitutional Law, Southern Poverty Law Center, National Korean American Service & Education Consortium (NAKASEC), Sweatshop Watch, Mexican American Political Association (MAPA), National Alliance of Latin American and Caribbean Communities (NALACC), Dolores Huerta Foundation y Labor Council for Latin American Advancement.

Hay otros proyectos ya introducidos en el Senado como el S.330 Border Security and Immigration Reform Act of 2007 (Ley de Reforma de Inmigración y Seguridad de Fronteras 2007), sometido en enero 2007por el senador republicano de Georgia, Jonny Isakson, que básicamente se enfoca en medidas de seguridad y restricción y no da pie a legalización ni acomodos al defectuosos sistema migratorio actual. Este bill se encuentra en el Comité Judicial del Senado.

Mejorar y aprobar
La mayoría de las organizaciones pro-inmigrantes apoyan el STRIVE Act, pero enfatizan que es preciso mejorarlo. Por ejemplo, Frank Sharry, Director Ejecutivo del National Immigration Forum, con sede en Washington, DC, expresa: «Hemos estudiado cuidadosamente al propuesta y creemos que ofrece un excelente mapa de camino para el arreglo comprehensivo de nuestro disfuncional sistema de inmigración (…). Aún así, estamos confiados y esperanzados en que podemos mejorar esta legislación mientras va avanzando [la discusión]». La preocupación principal es el tiempo que tomaría el ejecútese de la legalización, sujeta a la implementación de los planes de seguridad primero. Asimismo, se enfoca en el punto controversial de tener que salir para solicitar nueva entrada para poder obtener la residencia.

Un editorial del 23 de abril del «Arizona Daily Star», con sede en Tucson, Arizona, urge a todas las organizaciones a trabajar en conjunto para que se apruebe el Strive Act, especialmente por las declaraciones de entidades opositoras como Derechos Humanos y May 1st Coalition, cuya misión es defender los derechos de los inmigrantes, pero que se preocupan por el carácter restrictivo del proyecto que dicen convertirá a Estados Unidos en un Estado policial. «¿Pero si no es el STRIVE Act, qué entonces? Una elección presidencial se llevará a cabo el próximo año y los activistas de ambos bandos del asunto [reforma migratoria] parecen indicar que la inmigración será un tema tabú durante el ciclo elector de 2008. Fallar en arreglar el sistema migratorio este año podría significar que el tópico no se debatirá nuevamente de una forma significativa hasta posiblemente 2009», contrapone el editorial y añade que un reporte de la Conferencia Nacional de Legislaturas de Estados dice que a mediados de abril de 2007 al menos 1.169 proyectos de ley sobre inmigración y asuntos relacionados han sido introducidos en los 50 estados de la Unión Americana, un 50% más de los bills considerados en 2006.

Para sumarse a este clima de solución pronta, es preciso contactar a cada uno de nuestros representantes y senadores en el Congreso para pedir que se apruebe una reforma sensata. En www.elparacaidista.com, si presiona el botón «Participe para lograr una Reforma Migratoria Justa» del lado izquierdo en la portada, encontrará explicaciones y una carta modelo para ser enviada, además de enlaces a websites de organizaciones con información clave sobre la reforma, como el de www.immigrationforum.org/documents/PressRoom/
STRIVE_Statements4-17-07.pdf donde pueden leerse las declaraciones de diversas organizaciones y grupos de toda la nación.